"La valla a la topadora se llama wichí"

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Por Darío Aranda, En página 12

Un día antes de la audiencia a la que convoca la Corte para determinar
sobre la prohibición del desmonte en Salta, los wichí cuentan cómo se
las arreglan para defender su tierra y su medio de vida ante el avance
permanente de las topadoras.



Desde Tartagal, Salta

La ruta nacional 86 es un ancho camino de tierra en el norte de Salta.
Comienza en Tartagal y –170 kilómetros después– finaliza en la
frontera con Paraguay. Monte nativo, árboles añejos y pobladores
originarios sobreviven a ambos lados de la ruta. Es la zona más
preciada por los grupos sojeros y madereros, que pugnan por ingresar,
deforestar y obtener ganancias. La defensa del monte nativo no la
realiza ningún gobierno, sino las comunidades wichí que resisten a
base de acción directa: piquetes, cortar alambres, frenar topadoras y
enfrentar gendarmes. En diciembre pasado tuvieron un aliado
circunstancial: la Corte Suprema de Justicia ordenó el cese de los
desmontes autorizados en el último trimestre de 2007 y fijó fecha para
una audiencia de las partes. Mañana será ese momento, cuando escuchará
a las comunidades y también a la provincia y el gobierno nacional, que
deberán explicar por qué se continúa arrasando territorio indígena.
Los referentes indígenas muestran expectativa y escepticismo, en
partes iguales. Y reina una certeza: "La cuestión de fondo es la
tierra, no el desmonte".

La lucha por la tierra

Las brasas hierven el agua y el mate no comienza. Una ronda de
personas, miradas perdidas y silencios incómodos confirman que los
wichí son de los originarios más retraídos. Largos minutos de explicar
el fin de la entrevista, pero cuesta lograr confianza. "Los
periodistas trabajan para el Gobierno y los sojeros y madereros. Los
endulzan (dan dinero) y ya opinan a favor del poderoso", dispara
Antonio Cabana, referente de las luchas en la región, wichí que no ha
podido ser dominado por políticos, iglesias –muy fuertes en la región–
ni ONG (acusadas de manejar asistencia como si fueran pequeños
estados).

Aclarado y justificado el recelo, Cabana admite la importancia de que
la Justicia frene las topadoras, pero corre por izquierda a todos los
preocupados sólo por la deforestación. "Ya hay leyes que dicen parar
topadoras y reconocer nuestra tierra. Pero el mismo blanco que las
escribe, un poco después las borra. Así el desmonte no para y nosotros
seguimos sin tierra. Eso, anote eso, la tierra es lo importante,
después viene el desmonte. Si no tengo tierra, no puedo frenar la
topadora. Es fácil de entender ¿no?"

A la vera de la ruta 86, y sobre la cuenca del río Itiyuro, viven
ancestralmente quince comunidades, unas 2500 personas que habitan y
obtienen sus alimentos de las 150 mil hectáreas linderas. Desde hace
décadas reclaman títulos de propiedad, pero son desoídas
sistemáticamente. Siguen practicando la caza, recolección y siembra
estacional, su forma de vida ancestral.

Rafael Montaña trabaja hace diez años junto a las comunidades de la
zona y es representante del Grupo Internacional de Trabajo sobre
Asuntos Indígenas (Iwgia) en Salta. "Se repite la historia de todo el
norte del país. Los sojeros avanzan sobre tierras de paisanos
(indígenas). Hay actores muy fuertes: sojeros, madereros, políticos y
jueces. Ni con el reciente fallo de la Corte se frenaron un poco,
siguieron desmontando como si nada. Ya ingresaron a algunas zonas,
pero que no hayan entrado a toda la región tiene una sola explicación:
los paisanos ponen el cuerpo y no se la hacen fácil."

La exigencia de las comunidades más duras (Kilómetro 6 y Tonono) es
clara: la titularidad de las 20 mil hectáreas en las que viven. "Y no
vamos a dejar que nos corran. En nuestro derecho. Estamos jugados",
advierte Lorenzo.

John Palmer, antropólogo inglés con treinta años en Tartagal, es el
apoderado de la comunidad Hoktek T'oi, en el kilómetro 18 de la ruta
86. No comparte los métodos de Cabana y Lorenzo, pero sí los males que
sufren. "El área de la ruta 86 es codiciada por los productores
sojeros. Si no se frena su avanzada, son hectáreas condenadas al
monocultivo", lamenta.

En Hipólito Yrigoyen, departamento de Orán, la comunidad guaraní
Estación El Tabacal mantiene un conflicto desde hace seis años con el
ingenio azucarero San Martín El Tabacal. Mara Puntano es una histórica
abogada de derechos humanos, organizaciones de desocupados y pueblos
indígenas. "En Salta seguimos como en época de la Colonia. Empresas de
maderas, soja o petroleras entran a territorios indígenas y hacen lo
que quieren. Son un gobierno paralelo. Y siempre con venia política."

Las comunidades son conscientes de que, de abandonar su tierra, el
único camino será su traslado a las márgenes de las grandes ciudades,
lo que significa un choque para su forma de vida. "Hay mujeres del
monte que nunca en su vida vinieron al pueblo. Imagine lo que les
espera si las echan de su tierra. Queremos lo nuestro, no vamos a ir a
mendigar al pueblo", explicó Oscar Lorenzo, también cacique y wichí de
la ruta 86, sobre el kilómetro 6. Y por eso se explican las acciones
directas, noches cortando kilómetros de alambres y postes sojeros, y
días enteros frenando topadoras (hasta que éstas se retiran de las
tierras ancestrales).


Una causa compleja

La Corte Suprema de Justicia ordenó en diciembre último, por pedido de
siete comunidades indígenas y una organización de pequeños
productores, el cese de desmontes en los departamentos salteños de San
Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. Todas las comunidades
indígenas reconocen la importancia de la intervención de la Corte
Suprema, pero también explicitan sus matices.

"Será importante que la Justicia frene para siempre a los empresarios,
pero más importante es que nos deje hablar por nosotros mismos, sin
políticos ni iglesias ni ONG ni universidades en el medio. Ellos
siempre nos usan", acusa Cabana, y deja al descubierto el rol
paternalista del que son acusadas las instituciones tradicionales del
lugar. Quieren estar presentes, pero el costo del viaje le hace
imposible concurrir.

Mara Puntano explica que la Corte solicitó que se unificara la demanda
en una sola personería jurídica (de las ocho que presentaron), lo cual
implicaría que las más fuertes (según Puntano, las más
"paternalistas") harán prevalecer sus voces. "Hay un grave riesgo de
dejar fuera de la audiencia a las comunidades de base. Los que pelean
en el día a día serán desoídos", advirtió Puntano, que reconoce el
papel del Supremo Tribunal, pero también sus limitantes: "El mundo
indígena es muy complejo. Nadie puede entender su envergadura sin
visitar las zonas y escuchar la gran multiplicidad de voces".

Palmer agrega otra cuestión conflictiva: la tala de árboles. Los wichí
son un pueblo hachero desde que fueron introducidos, por la fuerza, al
mercado laboral. Manejan el hacha con gran habilidad, desde temprana
edad son empleados (siempre a muy bajo precio) por las madereras de la
zona. En algunos casos también usan la madera como un recurso
económico (aunque en mucho menor medida que las grandes empresas).
"Todas las comunidades rechazan el desmonte (cuando pasan las
topadoras y dejan tierra arrasada), pero no así la tala, que en muchos
casos es una fuente de ingresos. Si la Corte quiere prohibir la tala,
los wichí no acompañarán de forma unánime", advirtió el antropólogo.

Según el Convenio 169 de la OIT (legislación internacional indígena) y
la Constitución, los pueblos indígenas deben ser partícipes en las
decisiones que implican sus recursos naturales. Traducido: ni siquiera
la Corte Suprema puede decidir de forma unilateral sobre sus bosques.

Luego de dos horas de entrevista, el cacique Cabana ya entró en
confianza, convida mate y la charla se ha vuelto amable, pero no cede
ni un centímetro: "La ruta 86 es territorio indígena. Si viene la
topadora, aunque se los permita la Corte Suprema, no la dejaremos
pasar. Sabemos que el alambre es sufrimiento. Le pondremos nuestro
lomo, seguiremos peleando. Y correrá sangre".